19 feb

Manuel de la Rocha, diputado del PSOE y veterano abogado de UGT, habla alto y claro de la nueva Ley de Formación Profesional para el Empleo y de un incipiente fenómeno social: la ‘pobreza laboral’

 

Ha sido partícipe de la nueva Ley de la Formación Profesional para el Empleo, ¿cree que será una normativa que dará solución a uno de los problemas que actualmente tiene España: el empleo?

La Formación Profesional para el Empleo es un instrumento muy importante para empresas y trabajadores, para la mejora de la productividad y competitividad de aquéllas y para la empleabilidad de los trabajadores, su desarrollo personal y profesional y su adecuación a los cambios en el mercado de trabajo. Frente a los que han centrado la salida de la crisis y el desarrollo económico en la reducción de salarios y el recorte de derechos laborales, creo que la vía es la mejora de la educación y la formación de los trabajadores en competencias y conocimientos adecuados. La nueva Ley, consensuada en el Congreso, supone un cambio importante en el sistema de FPE, aunque mantiene una línea de continuidad con el modelo anterior, que ha permitido un impulso cualitativo en la cultura de la formación para el empleo.  Si en el año 1992, en que se pone en marcha el sistema, se formaron 200.000 trabajadores de 33.000 empresas, en el año 2014 han sido más de tres millones y medio de trabajadores de 478.000 empresas. Todavía es poco, pero el avance es innegable.

La ley, aprobada por amplio consenso, ha tenido algunos puntos críticos. Desde su punto de vista ¿cuáles son los puntos fuertes y cuáles sus debilidades?

La fortaleza más importante del sistema se encuentra en que mantiene y potencia el protagonismo de los agentes sociales en su gobernanza y su vinculación a la negociación colectiva sectorial. La formación es un derecho de los trabajadores y quien mejor conoce sus necesidades de formación son los propios trabajadores y los sindicatos que les representan. A la vez, quienes mejor conocen qué necesidades formativas tienen las empresas son ellas mismas y las organizaciones patronales que las representan. Además, las cuotas de formación profesional las aportan los trabajadores y los empresarios. Se ha hablado mucho de la salida de patronales y sindicatos de la impartición de la formación, pero a la vez se potencia su participación en la gestión global del sistema, desde la planificación hasta su control, seguimiento y evaluación, junto al Ministerio de Trabajo y a las Comunidades Autónomas. Me interesa destacar, además, que por primera vez se contempla expresamente la utilización de la red pública de centros de formación profesional, la mayoría de titularidad autonómica, para la FPE. Y que se han introducido técnicas y vías para un incremento de recursos, especialmente con la reanualización de los remanentes de crédito.

¿Y cuáles son sus puntos débiles?

Uno de los problemas más importantes es que la formación no llega a las pymes: ni la de oferta ni, lo que es más importante, la de demanda. Aunque más del 90% del tejido empresarial son pymes, del total de participantes no llega al 20%. Además normalmente no hay representación de trabajadores en las micropymes, lo que dificulta aún más la exigencia de formación y recualificación. La nueva Ley amplía las vías y formas de organizar la formación para las pymes, fomentando su agrupación y la acumulación de la cuota, abriendo su organización a estructuras paritarias sectoriales en el ámbito de la negociación colectiva, y potenciando la teleformación, con eliminación de la formación a distancia. Junto a ello está el problema de la evaluación. Se ha extendido la formación, llega a más trabajadores, pero no se evalúa suficientemente, ni los centros de formación ni la calidad de la oferta formativa, ni la eficacia para la empleabilidad. La Ley da pasos en esta dirección, que se verán a medio plazo.

¿Cree que las empresas de formación pueden trabajar correctamente y de forma eficiente dentro del nuevo marco legal?

Uno de los problemas, y muy serio, que tiene el modelo vigente es el de la aplicación estricta de la Ley de Subvenciones vayan siempre a coste y que tengan que justificar todos sus costes, uno a uno, a través de facturas absolutamente precisas. La experiencia es que un beneficiario de formación que tenga sólo un 1% de costes que no estén bien justificados — aún impartiendo una formación rigurosa y de calidad — es un gran gestor de formación. Los controles administrativos dificultan mucho la gestión. La nueva Ley permite que la financiación a la FPE se pueda adjudicar también en concurrencia competitiva, pero a través del régimen de contratación pública, y no necesariamente vía ley de subvenciones, o a través de módulos económicos específicos,  lo que facilitará y simplificará su gestión, y permitirá dedicar los esfuerzos públicos al seguimiento y control de la impartición, de su calidad y de su eficacia.

¿Cómo ve los primeros pasos de aplicación de la nueva Ley?

Con mucha preocupación. El desarrollo de la Ley no avanza, lo que ha llevado, por ejemplo, a que en el año 2015 no haya habido convocatoria estatal de formación de oferta, y a que muchas comunidades autónomas no hayan sacado convocatorias, o lo hayan hecho tardíamente.  Quienes sufren esta situación son, primero, los trabajadores, porque se ejecuta mucha menos formación que años anteriores. Pero también lo sufren las empresas de formación, dimensionadas para una actividad que este año no existe. Por otra parte, las dos convocatorias estatales para jóvenes están dando malos resultados, tanto porque la cobertura real de jóvenes es mucho menor de la prevista, como por la elevada concentración de las adjudicaciones a unos pocos grupos de empresas de formación.  Ya denunciaron los sindicatos este riesgo y que la concurrencia competitiva, unida a la altísima necesidad de autofinanciación, en vez de facilitar la existencia de muchas empresas de formación que compitieran en calidad, llevara a su concentración. Es un sarcasmo que se haya hecho cuestión a que impartieran formación patronales y sindicatos, para acabar en manos de unas pocas empresas financieramente muy potentes.

Diversos estudios apuntan a una sobrecualificación de la población en edad de trabajar y a un gap en el tejido productivo que no encuentra mano de obra apropiada. ¿Qué propone su partido para esta situación?

En efecto, según Eurostat tres de cada diez trabajadores españoles tienen un empleo por debajo de su nivel de formación, un 31% de sobrecualificación laboral, el dato más alto de la UE, con una media del 19%. Y esta situación se da, paradójicamente, al tiempo que nuestra población muestra un bajo nivel de competencias. Hay que cambiar el modelo productivo, objetivo ya insoslayable para nuestro país, y hay que mejorar la educación y la formación de los trabajadores sin cualificación para adecuarla más a las necesidades de las empresas.

También ha sido usted muy crítico con la aparición de la llamada “pobreza laboral”. ¿Cómo se puede combatir?

España lidera dos de los peores rankings de Europa, el de paro y el de pobreza laboral. Tener un empleo ya no es garantía para no ser pobre. La devaluación salarial, los contratos temporales, los trabajos precarios y la pérdida generalizada de derechos por la Reforma Laboral del PP han hecho que aumente el número de trabajadores que, a pesar de tener un empleo, están en situación de pobreza. Es el nuevo fenómeno de los trabajadores pobres. Los puestos de trabajo de estos trabajadores suelen requerir menos formación y hacen que las personas transiten con frecuencia entre el empleo y el desempleo. Esto hace que no acumulen experiencia, ni mejoren capacidades y cualificaciones, y que sus salarios tiendan a ser más bajos, generando, además,  peores prestaciones. Es una manifestación más del incremento de la desigualdad en nuestro país. El combate contra la pobreza laboral y la desigualdad es complejo: derechos laborales, mejores salarios, incremento del SMI, trabajos más estables, en definitiva un nuevo modelo productivo y un nuevo modelo de relaciones laborales

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